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El ayuntamiento niega que tenga intereses inmobiliarios
sábado, 14 de agosto de 2010


Achaca la ruina del número 20 de la plaza de España al informe de los técnicos. 

El equipo de Gobierno de Calatayud reaccionó ayer tras la polémica declaración de ruina del edificio del número 20 de la plaza de España. En un comunicado hecho público mostró su respaldo a los informes de los técnicos municipales y defendió "todas las decisiones que se han tomado en las dos últimas semanas en base a estos". Además, la coalición conformada por PSOE y PAR en la localidad zaragozana aprovechó para negar "cualquier tipo de intereses inmobiliarios en este proceso" y defendió que lo que ha prevalecido "en todo momento" ha sido "la seguridad de los viandantes y de las personas que vivían en el citado inmueble". 

También el concejal delegado del área de Urbanismo, el aragonesista José Antonio Sanmiguel, quiso salir al paso de las críticas de la oposición en las que se cuestionaba su actuación. Sobre todo en lo que concierne a los intereses de un constructor italiano, que planea levantar un hotel en el solar aledaño al número 20. En este sentido, señaló que él no había tomado ninguna decisión referente a la declaración de ruina de este inmueble de la plaza de España, puesto que todo había sucedido cuando se encontraba de vacaciones. A pesar de ello, dejó claro su apoyo a todas las medidas que se habían impulsado desde el consistorio y que fueron adoptadas por el alcalde en funciones, Federico Llorens. "Lo más importante de todo es que haya primado la seguridad de los ciudadanos como así ha sido", manifestó.

Con Calatayud ya en plenas fiestas, el ayuntamiento de la localidad confía en poder iniciar el derribo de los edificios de la plaza de España una vez concluyan los festejos patronales. El del número 21, que ya comenzó hace unas semanas, volverá a retomarse. Al mismo tiempo también se iniciarán los trabajos en el 20, cuya ruina siguen achacando los propietarios a las obras del bloque de al lado. Pese a ello, tras firmar un acuerdo con el consistorio, asumirán los costes de la demolición, que ascenderá a 30.000 euros. De esta forma se zanja la polémica, aunque los seis propietarios del inmueble continúan sin estar conformes con los informes emitidos desde el Ayuntamiento de Calatayud.

 

INFORMES DE URBANISMO Desde el equipo de Gobierno, y siguiendo los informes de los técnicos de Urbanismo, siguen manteniendo que las grietas que aparecieron en una de las paredes del edificio del número 20 eran estructurales y que se agrandaron en más de cinco centímetros en apenas una semana. Pero se da la circunstancia que justo en ese periodo de tiempo los operarios habían comenzado a derribar la parte superior del bloque situado justo al lado, en el 21. En el bloque solo estaban ocupados dos pisos, que fueron desocupados de forma urgente ante el peligro de derrumbe que detectaron los expertos municipales. Posteriormente se acordonó la plaza de España y se decidió trasladar el chupinazo a la avenida San Juan

Periodico de Aragon

 
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